DIVISIÓN DE LA VIVIENDA FAMILIAR. Derecho de Uso: La existencia del Derecho de Uso no impide la venta de la vivienda familiar en pública mediante la Acción Communi Dividundo del artículo 400 del Código Civil, especialmente cuando los hijos son mayores de edad.
Derecho a ejercitar la Actio Communi Dividundo. La atribución del Derecho de uso puede limitar económicamente la venta, pero no es un obstáculo para el ejercicio de dicha acción. Independencia del Derecho de uso del ejercicio de dicha acción.
Sentencia de la Sección 3ª de la AP de Tarragona de 20 de junio de 2005 (Rollo 204/2004).
Ponente: Agustín Vigo Morancho
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- El recurso de apelación se circunscribe a la cuestión de que se reconozca que el uso del domicilio familiar sigue atribuido a la esposa, dado que así se pactó en el convenio regulador de separación, que produce efectos desde la firmeza de la Sentencia de separación, por que considera que existe incongruencia de la Sentencia de instancia, ya que al pronunciarse sobre la acción de división de la vivienda no fija que se mantiene el uso del domicilio a favor de la esposa, lo cual tendrá su trascendencia a los efectos de su valoración para la subasta del inmueble. Respecto al derecho de uso del domicilio familiar debe indicarse que una de las medidas subsiguientes a la declaración de separación matrimonial, nulidad o divorcio es la que versa sobre la atribución de la vivienda familiar a alguno de los cónyuges, y, llegado el momento de decidir en favor de cuál de ellos debe producirse la adjudicación, el interés que prima no es el de los cónyuges, sino el de los hijos menores de edad, en caso de que existan hijos, hasta el punto de que son esos hijos los que determinan decisivamente tanto el cónyuge en cuyo favor se adjudica la vivienda en el momento de la separación como las vicisitudes posteriores de la situación en que queda el cónyuge atributario de la vivienda. Así, el artículo 83 del Codi de Familia distingue los supuestos en que haya acuerdo de los cónyuges (artículo 83-1), y de falta de acuerdo, en cuyo supuesto vuelve a distinguir entre los casos en que existan hijos (artículo 83-2, letra a) y que no existan hijos (artículo 83-2, letra b). En el caso de que existan hijos dispone: "Si hi ha fills, s´atribueix, preferentmente, al cònjuge que en tingui atribuida la guarda, mentre duri aquesta. Si la guarda dels fills es distribueix entre els cònjuges, resol l´autoritat judicial" (artículo 83-2,letra a). En el supuesto que no existan hijos, el citado Texto Legal establece: "Si no hi ha fills, se n´atribueix l´ús al cònjuge que en tingui més necessitat. L´atribució té lloc amb caràcter termporal, mentre duri la necessitat que l´ha motivada, sens perjudici de prórroga, si és el cas". En el caso enjuiciado, en el cual existen dos hijos, aunque mayores de edad, en la Sentencia de separación se fijó, previo acuerdo en Convenio regulador, que "la esposa Doña ANA PLANDOLIT GENÉ seguirá en el uso y disfrute de la vivienda familiar, sita en la calle Rector Triadó, número 4, de Segur de Calafell"; y, posteriormente, en la demanda interpuesta por la esposa, además de solicitarse el divorcio, se pide el cese de la Comunidad decretando la venta en pública subasta de la finca, con admisión de licitadores extraños y ordenando distribuir el precio obtenido acorde con la copropiedad de ambos cónyuges, teniendo en cuenta y valorando el uso atribuido a la actora, de dicha finca como domicilio conyugal". Ahora bien, la Sentencia de instancia no admite que se mantenga el uso del domicilio a la esposa porque entiende que este derecho no es ilimitado y debe distribuirse el precio de la vivienda al 50% entre los dos copropietarios. Sin embargo, este argumento no es válido porque una cosa es el derecho a división de la cosa común (artículo 400 del Código Civil) mediante el ejercicio de la acción de división, a la que también se refiere el artículo 43 del Codi de Familia, y otra cuestión distinta es el uso del domicilio conyugal, que ninguno de los litigantes ha discutido y que viene recogido en el artículo 83 del Codi de Familia, sin que su atribución impida la venta de la vivienda, ya que los hijos son mayores de edad y no existe el interés necesitado de protección a favor de ellos, por lo menos, desde el punto de vista legal. Es más, se pactó expresamente en el convenio de separación y el marido está de acuerdo en que continúe dicha atribución del uso de la vivienda, por lo que no se entiende que no se mantenga dicho derecho de uso. Es cierto que la venta de la vivienda, gravada con el derecho de uso, puede limitar o disminuir el precio de la misma, pero esta es una cuestión que depende de la voluntad de las partes y al ser derecho dispositivo, que se rige por el principio de autonomía de la voluntad, no existe razón alguna para limitar el derecho de uso cuando ambas partes están de acuerdo en que la esposa, actora y apelante, siga disfrutando el uso de la vivienda familiar. No existe inconveniente alguno, sustantivo ni procesal, para que se acuerde la división de la cosa común por el procedimiento de división intelectual del artículo 400 del Código Civil, consistente en la venta de la misma mediante pública subasta, mientras se mantiene la atribución del uso del domicilio familiar a la esposa, máxime cuando ella así lo pidió y el demandado consintió en dicha petición al allanarse expresamente a la misma. Al respecto el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido tal posibilidad. Así, en la Sentencia de 22 de septiembre de 2003, fundamentos jurídicos segundo y tercero, se refiere a la temporalidad del derecho de uso, la no aplicación de este principio en casos de necesidad y la cuestión de la división de la cosa común. Concretamente dicha Sentencia declara: " Són diversos els aspectes a analitzar: 1º).- Estat de la qüestió en l'anomenada jurisprudència menor a).- En l' àmbit de les Audiències Provincials de Catalunya, es detecta un bloc jurisprudencial favorable a la tesi de l'obligada limitació en el temps de l'atribució de l'habitatge familiar, llevat de supòsits molt excepcionals, dient-se, per exemple, que tal atribució " no puede, salvo casos excepcionales, prorrogar de forma indefinida su vigencia" perquè " entraría en colisión con los legítimos derechos que al otro consorte puedan corresponderle sobre el referido inmueble, no tanto en cuanto a su uso, como y fundamentalmente, en lo relativo a su disposición a través de venta u otra operación que permita la efectiva liquidación del patrimonio común>>..." ( Sentència de l'A.P. de Barcelona, Secció 18, de 17-5-2002), ja que el cònjuge copropietari, sense l'establiment d'un límit temporal " puede ver frustrado en la práctica su derecho de reparto efectivo y no meramente nominal, por cuotas ideales, de los bienes <<comunes>>" (S. de la A.P. de Barcelona, Secció 18 de 5- 6-2002), afegint-se que el Codi de Família no recull, com l'anterior, " la distinción de quién sea el beneficiario de la vivienda y el titular dominical, sino que haciendo abstracción de tal circunstancia...se acude al principio de protección del más necesitado, pero con carácter temporal..." (S. de la A.P. de Barcelona, Secció 12 de 2-11-2000). L' Audiència de Lleida (Secció primera) passa a engruixir tal línia jurisprudencial dient que "de otro modo ya no sólo resultaría incumplido el mandato contenido en el art. 83 del Codi de Família, sino que además devendría ineficaz el pronunciamiento judicial relativo a la <<división>> de los bienes en régimen de copropiedad" (S. de 19-10-2000) b).- No obstant això, existeix una altra visió ( sempre de la jurisprudència menor) segons la qual " Tal derecho no puede ser sometido a término extintivo por dos razones, en primer lugar por cuanto es titular del derecho de propiedad sobre la mitad del patrimonio ganancial, en tanto que el mismo no se liquide efectivamente. En segundo lugar, por cuanto no puede ser prevista racionalmente una fecha en la que la situación de precariedad económica deje de existir, ya que depende de circunstancias futuras e inciertas. (S. A.P. Barcelona, Secció 12, de 29-1-2002), de tal manera que " siendo de copropiedad entre los cónyuges dicha vivienda, no procede en tal trámite fijación temporal alguna, ya que ésta sólo se halla prevista para el caso de que la atribución de su uso se haga a favor del cónyuge no titular de la vivienda y no concurriendo dicho supuesto no cabe establecer previsiones de futuro, ya que serán éstas, de producirse, las que podrán dar motivo a una modificación de la medida acordada" (S. de la A.P. de Barcelona, Secció 12, de 22-6-1999), doncs l'interés més necessitat de protecció "en el caso de autos concurre en la situación de la esposa, sin el establecimiento de límite temporal alguno mientras subsista tal situación" (S. de la A.P. de Barcelona, Secció 12. de 10-6-1999), havent-se dit també que " En cuanto a la atribución del usufructo o uso del domicilio conyugal, visto que la esposa no tiene recursos económicos directos, pues no trabaja, ni percibe renta alguna y sólo tiene un patrimonio difícil de realizar.... tal uso no puede quedar limitado en el tiempo...., sino que debe ser un uso indefinido, sin perjuicio de que, si existe un cambio en las circunstancias, se pueda solicitar la modificación de la medida". (S. de la A.P. de Girona de 10-1- 2003). 2º).- La qüestió de les facultats dominicals de disposició. Alguns del pronunciaments favorables a l'establiment, amb caràcter necessari, d'un termini en l'ús de l'habitatge es fonamenten en l' atemptat que a les facultats dominicals de disposició de l'habitatge comporta pel propietari ( o copropietari) l'atribució d'un ús indefinit. Però la Jurisprudència del T.S. segons la qual s'ha de separar radicalment l'exercici de "l'actio comuni dividundo" de les inherents a les mesures acordades en procés matrimonial, s'ha de considerar del tot consolidada. La sentència del T.S. de 26-4-2002 evoca la del mateix Alt Tribunal de 27-12-1999, que conté un estudi de l'evolució jurisprudencial al respecte, ensenyant que ""Aun cuando es cierto que la sentencia de 22 de septiembre de 1988 recoge el criterio aludido en la instancia, esta doctrina ha sido rectificada por la de las sentencias de 22 de diciembre de 1992, 20 de marzo de 1993, 14 de julio de 1994 y 16 de diciembre de 1995, con arreglo a las que, si bien el titular dominical puede pedir la <<división>> de la <<cosa común>> mediante el ejercicio de la acción procesal, la cesación de la comunidad no afecta a la subsistencia del derecho de uso (cualquiera que sea su naturaleza) que corresponde al otro cotitular, ex-cónyuge en virtud de sentencia de divorcio. Por tanto, el derecho de uso se mantiene indemne y una eventual venta de la <<cosa>> en subasta pública debe garantizar la subsistencia de aquella medida, lo que sólo puede ser modificado por la voluntad de los interesados, o por decisión judicial adoptada por el órgano jurisdiccional competente en relación con el proceso matrimonial en que se acordó". En aquest mateix sentit ja es pronuncià aquesta Sala en la seva Sentència de 24 de febrer de 2003 (Sentència núm. 4/2003), de la qual se'n pot ressenyar, per exemple, la referència que: "Si es podia suscitar a Catalunya algun dubte pel que fa a l' aplicació de la doctrina del Tribunal Suprem que s'ha analitzat, que a l' hora de fer compatibles els dos dret que ara tractem, permetia la divisió de la <<cosa>> comú, i nogensmenys la possibilitat de la seva venda àdhuc en pública subhasta, però amb l' exigència en tots els casos de respecte al dret d' us atribuït amb la vigència del Codi de família, aquests dubtes s' han esvaït", havent-se dit també en tal anterior resolució d'aquesta Sala que: "... el Codi de família aborda sense recels el problemes que suara es tractàvem i regula tant els supòsits de titularitat exclusiva de l' habitatge familiar com els casos de titularitat compartida per a concloure amb la prohibició dels actes de disposició sobre l' habitatge només en els casos que en comprometin el seu us". 3º).- La literalitat de l'art. 83.2 b) del Codi de Família Una interpretació estrictament literal de l'indicat precepte semblaria conduir a una única i inequívoca conclusió: la voluntat del legislador d'establir sempre i en tot cas un termini en l'atribució de l'habitatge familiar, tant si hi ha fills menors d'edat com si no. Per al primer supòsit ( a on s'assenyala la preferència d'atribució en favor del cònjuge encarregat de la guarda dels menors), la duració vindrà marcada, amb caràcter general, per l'edat d'aquests, ja que la cessació de la guarda comportarà també la de l'ús de l'habitatge. Per al segon supòsit, o sigui pel cas d'inexistència de fills ( per a no tenir-ne el matrimoni o haver-se emancipat aquells) es faria l'atribució al cònjuge més necessitat de protecció sempre amb caràcter temporal, sense perjudici de atorgar pròrroga en cas de subsistència d'aquella necessitat. A tenor d'aquesta interpretació literalista, la temporalitat seria, doncs, requisit inherent a l'atorgament de l'ús de l'habitatge, entre altres coses, perquè l'art. 83 b) " in fine" fa referència a la possibilitat d'acordar pròrroga i, per definició, només pot prorrogar-se allò que prèviament té assenyalat un termini". Y, seguidamente, en el fundamento jurídico tercero, en el que expresamente se refiere a la cuestión de la posibilidad de dividir la cosa común y mantener el uso del domicilio familiar, agrega: "Resulta, però, que el mateix precepte disposa que tal atribució es farà per " mentre duri la necessitat" del beneficiari. Això vol dir que hi hauran casos - certament excepcionals- en què, en ser previsible la permanència de la necessitat o altament improbable la seva superació, no quedarà opció altra, malgrat la literalitat del precepte, que sotmetre la regla general de la temporalitat a la duració de la necessitat, de tal manera que serà aquesta darrera la que, en definitiva, acabi - o no- imposant un termino a l'ocupació; en l'entesa que, arribat el cas, serà el propietari qui haurà d'invocar i demostrar la cessació d'aquella necessitat que es presentava raonablement com indefinida. Heus aquí, doncs, que la recta intel•ligència del precepte mena a les següents conclusions: a).- En absència de fills ( per inexistència o emancipació) l'habitatge familiar ( pertanyi a un sol dels cònjuges o a ambdós i amb el règim dominical que sigui) s'atribuirà al cònjuge més necessitat de protecció, a avaluar judicialment a tenor del resultat probatori. b).- Aquesta atribució es farà a partir d'una ponderació judicial de la previsible duració de les necessitat del cònjuge més menesterós. Cas que tal previsió apunti a una necessitat raonablement duradora i invariable en el temps podrà no assenyalar-se termini, sens perjudici de les facultats revisòries del propietari ( o copropietari), de produir-se una modificació de circumstàncies. c).- En supòsits de copropietat, qualsevol dels dos cònjuges podrà instar en el moment que estimi oportú l'acció de divisió de la <<cosa>> comú, sens perjudici que, consolidat la totalitat del domini, el cònjuge no beneficiat per a l'atribució de l'ús de l'habitatge o un tercer, hagi de respectar la decisió que sobre tal ús hagi estat judicialment fixat; ús inscribible en el Registre de la Propietat i que causarà els efectes protectors inherents al principi de publicitat registral". En el mismo sentido se pronuncia, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña d 24 de febrero de 2003, ya citada en la anterior, admite la división de la cosa común - la vivienda que fue familiar -, pero con la exigencia del respeto del derecho de uso atribuido a uno de los cónyuges y a los hijos. En síntesis, tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la del Tribunal Superior de Justicia admiten la posibilidad de conciliar el respeto a los derechos dominicales de disposición, consistente en la acción de división de la cosa común, con el mantenimiento del del derecho de uso atribuido a uno de los cónyuges o a uno de los cónyuges y los hijos, razón por la cual debe estimarse el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de 14 de noviembre de 2003, dictada por la Iltma. Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de El Vendrell, revocando parcialmente la misma en el sentido de que la división de la vivienda familiar mediante la venta en pública subasta deberá respetar y tener en cuenta el derecho de uso atribuido a Doña A, confirmándose los demás pronunciamientos de la misma.
SEGUNDO.- No procede efectuar especial pronunciamiento de las costas de esta segunda instancia.
VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de 14 de noviembre de 2003, dictada por la Iltma. Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de El Vendrell, y, en consecuencia, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS PARCIALEMENTE la misma en el sentido de que la división de la vivienda familiar mediante pública subasta deberá respetar y tener en cuenta el derecho de uso atribuido a Doña A.
Se confirman los demás pronunciamientos de la Sentencia apelada.
No se efectúa especial pronunciamiento de las costas de esta segunda instancia.
Así, por esta Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.